Desde el 2008 las muertes por suicidio han aumentado notablemente. Los datos del INE del 2012 indican que lo han hecho en un 11,3%. Ante esta situación, paralela a países mediterráneos como Italia o Grecia, que además acostumbran a tener unas incidencias de las más bajas del mundo, el gobierno a través de la consejería de sanidad de turno mueve ficha. La foto no gusta y traslada mala imagen y peores números a los colegas europeos.
Si atendemos a las frases de uno de sus promotores en Catalunya, Diego Palau, jefe médico de psiquiatría del Parc Taulí de Sabadell, podemos extraer algunas conclusiones de un proyecto que seguro no entusiasma a los clínicos.
Entre algunas perlas que nos deja este trepa, que más temprano que tarde llegará a su ansiado puesto político en el gabinete de salud del gobierno, está la de la exigencia de considerar el suicidio como ‘un problema de salud’ más que como un problema social. Y así lo va diciendo en todos los lugares que tiene oportunidad de hacerlo (que no son pocos, puesto que se le da pábulo en prensa y se le promociona en TV). Quizás entiende que a partir del 2008 el aumento de suicidios va ligado a algún tipo de degeneración cerebral o genética y no tiene nada que ver con la situación socioeconómica de la gente… En esta línea, la flamante responsable del Plan Director de Salud Mental y Adicciones, Cristina Molina, afirma que el aumento de suicidios no es atribuible a la crisis porque en Grecia lo ha hecho mucho más. Quizás no está al día de la gravísima situación socioeconómica del país heleno, donde la guerra civil es una posibilidad factible en el horizonte.
Si seguimos atendiendo a los datos que éste personaje de Sabadell apunta, uno tiene la sensación de que su trabajo de trilero de los números le sale muy bien. Si bien los suicidios aumentan la conclusión es que su programa implantado allí los reduce. Mucho más tendría que explicar. Pero aunque así fuera, lo que tiene que explicar es a costa de qué y de quién.
El programa del Código Riesgo Suicidio impone a los trabajadores un sobreesfuerzo si no se aumentan los recursos. Eso lo sabe cualquiera con dos dedos de frente. Si se visitan más pacientes y en un tiempo mínimo exigido, y no se crean espacios específicos o se contrata gente para hacerlo, la cosa está clara. Para poder ‘hacer de acompañante’, ‘para estar encima’, como dice el propio Palau, las nuevas tecnologías son las que se sitúan como los medios más idóneos. Whatsapps, mails, SMS, llamadas telefónicas de control, quizás un día sensores, chips... Cubrir con tecnología las deficiencias contractuales voluntariamente buscadas por la empresa no es sólo una cuestión sanitaria, es una exigencia capitalista. Disminuye salarios, aumenta productividad y plusvalía, entre otras cosas.
De todas formas, que se aumentaran los recursos, tampoco implica que fuese beneficioso. Al menos a un nivel clínico (en principio la supuesta base de todo el programa…). Quizás algunos números mejorarán, y sin duda es lo que pone calientes a los políticos, los números y la foto finish, pero los terapeutas saben bien que en el trabajo con los pacientes no es ni mucho menos lo único que importa. El suicidio es una conducta de causas multifactoriales. La intencionalidad detrás del intento de suicidio también puede ser muy dispar. El tratamiento de cada uno debe ser adecuado al sujeto concreto. Un programa que plantea un protocolo de seguimiento igual para un individuo que toma 4 pastillas después de una discusión de pareja y uno que se tira al tren mientras unas voces le dicen que lo haga, es como mínimo superficial e ingenuo, sino de una imbecilidad clínica supina. La responsabilidad del cribaje y seguimiento se trasladará a los clínicos, claro. Pero el tiempo que implica hacer lo que se quiere exigir por protocolo también está ahí. Y ese tiempo no se desdobla. Ese tiempo se quita a otros individuos que se visitan. También graves, pero que, ahora, crean menos alarma social y no salen tanto en la foto de datos europeos.
Puesto que el programa en cuestión plantea la cuestión del acompañamiento mediante medios tecnológicos, no está de más echar un ojo a las intervenciones mediadas por instrumentos tecnológicos que parten de internet. Una revisión publicada recientemente (World Psychiatry 2014;13:4-11) que evalúa ventajas e inconvenientes deja entrever que las ventajas esencialmente se centran en el control del terapeuta y el paciente (menos heterogeneidad de la terapia, facilidad de la evaluación, centralización de datos para capacitación y supervisión), mientras que los inconvenientes derivan del profesional y el paciente como sujetos autónomos y por tanto con capacidad crítica (actitudes negativas, sentimiento de amenaza del profesional, disponibilidad del profesional) y de la ‘rigidez’ de los reglamentos legales y éticos (si la ética y las leyes se oponen al avance científico la ciencia debería ‘hacer un pensamiento’). Si eso no es una visión totalitaria de lo que es la salud mental…
Un programa como este tiene varias ventajas para los que crean y ejecutan las políticas poblacionales. Facilitará una forma de lidiar con el problema social que sea apolítica, formalmente exigida y evaluable. Apolítica puesto que permite ocultar bajo el cada vez más amplio manto de la salud un problema que para cualquiera con sentido común es multifactorial, y en estos tiempos claramente relacionado con problemas de vivienda o laborales, y todo lo que ello implica en la red social y familiar de la persona que lo sufre. Exigida porque es un plan que se implantará sí o sí en todo el territorio, obviando las características, cargas de trabajo, peculiaridades, de cada centro o lugar. ¡Y el que se mueva, no sale en la foto! La capacidad de modificación desde la perspectiva de los trabajadores que la aplicarán ha sido mínima, de pura apariencia. El programa parte de las cabezas pensantes a nivel político y gestor, no de los profesionales que atienden a diario a los pacientes. Y evaluable. Esa gran cosa moderna que permite poder extrapolar conclusiones a nivel general. Aunque para hacerlo haya que asumir que lo que se evalúa lo es dentro de unos límites muy marcados y sin margen para salirse de ellos. Y eso sí, también a costa de modificar la estructura del trabajo para poderla hacer efectiva (ordenadores en consulta, datos a cumplimentar mientras hablas con el paciente, tiempo cada vez mayor que se pasa cumplimentando cuestionarios, modificación de la forma de preguntar al sujeto que consulta…).
De todas formas, lo más preocupante no es este programa, que sólo surge como necesidad política del momento. Lo preocupante es el modelo que se está componiendo. Un proyecto político de total expropiación de la experiencia con la ciencia médica como su aval principal. Si nuestras conductas cada vez son más modeladas en torno a hábitos ´saludables’ (por los imperativos de nutricionistas, sexólogos, pedagogos, etc, de haz ejercicio, come sano, no bebas, no fumes, folla con seguridad, no te estreses y asume felizmente lo que te llegue...), ahora se trata de la expropiación de nuestro interior. Mediante la reducción determinista genética (por ejemplo, tal gen determina una conducta suicida;
http://www.20minutos.es/noticia/2206670/0/predecir-suicidio/analisis-sangre/gen-estres/, en la que acertadamente se hace una analogía con la situación distópica de la película Minority Report) se trasladan las acciones a lo interno no controlable, lo propio pero ajeno. Sólo es posible el control tecnocientífico, solo el Poder puede ayudarnos mediante expertos de ‘lo nuestro indescifrable’. Se están creando los medios de control (identificación, monitorización continuada, evaluación) para poder gestionar las conductas de los individuos (protocolos de actuación impuestos, avalados por la Ciencia y ejecutados por sus esclavos). Se trata de la expropiación de la experiencia que se consigue por medios de adoctrinamiento a través de medios de masas y la formación escolar. Y cuando no es posible así, mediante la involuntariedad y la fuerza. Éstas, sustentadas en el discurso de lo ajeno no controlable y nocivo para el resto de población, la cuestión de la seguridad pública, y del poder como benefactor social avalado científicamente.
Así pues observamos que básicamente la orientación que se pretende es la del control para evitar ‘sucesos no deseados’, como en Minority Report. En definitiva, un método de rastreo y seguimiento de pacientes con intención suicida sustentado sobre las espaldas de los trabajadores que ya soportan los recortes de esos mismos gestores que ahora imponen nuevas cargas para mejorar sus números. Eso, sin importar la repercusión que tiene en el resto de enfermos más graves y menos graves atentidos en los centros de salud mental.
En definitiva, el programa del código riesgo suicidio cumple diversos cometidos. Oculta y desvía los problemas sociales bajo el manto de los problemas de salud, colocándolos así en el campo de lo individual, biológico y modificable sólo por la intervención tecnomédica. Crea una infraestructura dedicada a la identificación, monitorización y evaluación continua de personas con una conducta determinada moral y políticamente censurable. Contribuye a un discurso que sustenta la expropiación de la experiencia y el sentido de la experiencia a las personas. Nada que decir del suicidio como opción vital, como muerte digna, como responsabilidad personal. Lo único que nos repiten continuamente es que el 85% están asociados (habría que ver cuál es esa asociación) con la enfermedad mental. Y de ese discurso médico-moral no nos dejan salir.
